Esta lacra que es la clase política pretende cargarse la educación pública en favor de la privada para poder adoctrinar a sus vástagos (y a los nuestros de camino) sin que pueda llegar un profesor que aprueba una oposición a decir cosas que no les interesen, prefieren optar por elegir un centro en función de la línea ideológica que siga y con profesores contratados en base a yo qué sé qué criterio. Que no discuto la profesionalidad de esos docentes, no se me entienda mal. Pero la libertad de cátedra (derecho constitucional, no lo olviden) acaba en el momento en que nos sentamos a hablar para renovar contrato y más aún con esta estafa llamada crisis donde quedar en paro es una tragedia, pues la cola del INEM no es precisamente un lugar del que sea fácil salir.
Tengo la esperanza de que el Tribunal Constitucional actúe, sea de oficio o sea mediante recurso, por distintas razones: la primera, como es lógico, es porque se atenta contra el carácter aconfesional del Estado que marca la Constitución. Si se va a impartir la asignatura de religión, ha de hacerse de forma acorde con las religiones que profesen los alumnos o sus familias (no veo yo a un crío de cinco años eligiendo mitología), esto es, en función de qué alumnos se tengan habría que contratar profesores de religión islámica, budista, judaica, por no hablar de las distintas facciones del cristianismo (católicos, ortodoxos, testigos de Jehová, mormones, etc.) o de las nuevas que se están inventando ahora (cienciología o la maradoniana). La segunda es que, precisamente por esa contratación ad hoc que habría que hacer, los docentes tendrían que opositar a una plaza interina en función de los alumnos de cada creencia que se tenga en el centro. O ser elegidos a dedo, como tanto gusta a nuestros dirigentes, o tener contratos temporales. La tercera razón es que esta contratación de profesores no sería rentable ni sostenible. Ya sé que las dos últimas razones que cito no son competencia del Constitucional, pero se derivan de la primera, que sí lo es. Y la cuarta es que al imponerse la religión católica en los colegios se está produciendo una injerencia del Estado en la labor educativa que deben realizar las familias. A una familia judía no se le puede imponer el catolicismo como tampoco se puede hacer a la inversa. Además, por ejemplo, si yo soy ateo (que lo soy) ¿quién cojones es el ministro Wert para obligarme a que mis hijos estudien la doctrina de la secta católica? Ahora va a resultar que eso es calidad de enseñanza porque los padres que no somos cristianos católicos apostólicos romanos y pagafantas del Vaticano somos unos ignorantes que no tenemos la capacidad moral de enseñar a nuestros hijos.
Sinceramente, hablan de acuerdos con la Santa Sede (vamos, la secta vaticana que es sede pero no es santa). Mire, señor Wert: me chupa un huevo el acuerdo entre el Estado y la principal empresa del mundo. Su Ley de la Calidad